El Ministerio de Fomento ha avanzado los contenidos del nuevo Plan de Vivienda que entrará en vigor el próximo año y que trae importantes novedades. Según avanzó el ministro Iñigo de la Serna en la presentación del borrador, los menores de 35 años podrán acceder a una ayuda a fondo perdido de hasta 10.800 euros para adquirir una nueva vivienda.
Para optar a esta ayuda para la vivienda habitual, que no podrá superar el 20% del coste total del piso, el beneficiario deberá percibir un sueldo anual inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Por tanto, para quienes reciben su salario en 14 pagas este límite se sitúa en los 22.365,42 euros, mientras que si se perciben 12 pagas se reduce hasta los 19.170,39 euros. Además, los nuevos propietarios no deberán disponer de otra vivienda en propiedad.
Por otro lado, el borrador incluye una mejora en las ayudas al alquiler, que se podrán conceder para aquellas rentas iguales o inferiores a los 600 euros mensuales o hasta 900 euros en casos justificados. El importe de las ayudas, que se otorgarán por un plazo de tres años, podrá cubrir hasta el 40% del coste (el 50% en caso de los jóvenes de hasta 35 años). Los requisitos que se exigirán a los beneficiarios serán iguales que los ya comentados para las subvenciones para la adquisición.
Los mayores de 65 años también cuentan con una especial atención en el nuevo plan de vivienda. Para este colectivo se han habilitado ayudas del 50% para la renta de alquiler o hasta 200 euros para hacer frente a los suministros, el mantenimiento o los gastos de la comunidad de vecinos.
Otra de las novedades es la puesta en marcha de un programa específico destinado a las personas en situación de desahucio de su vivienda habitual. A través de esta iniciativa, se pretende poner a su disposición viviendas desocupadas y disponibles en régimen de alquiler con un coste de entre 150 y 400 euros mensuales. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y de las entidades financieras serán quienes aporten estos pisos. Las ayudas para arrendatarios y propietarios desahuciados, con ingresos inferiores a 3 IPREM por unidad de convivencia y sin disponibilidad de una vivienda podrán llegar a los 400 euros mensuales.
Nuevo impulso a la rehabilitación
También se pretende impulsar y mejorar la rehabilitación de edificios y la regeneración urbana y rural mediante la puesta en marcha de mecanismos que faciliten la concesión de préstamos por las entidades financiera, la posibilidad de conceder ayudas a viviendas unifamiliares y viviendas individuales ubicadas dentro de un edificio o la inclusión de un programa específico de apoyo económico de la Administración para mejorar la eficiencia energética.
En el caso concreto del impulso de la eficiencia energética, podrán beneficiarse de las ayudas las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades, los propietarios únicos de viviendas, las cooperativas y las empresas constructoras y de servicios energéticos. El importe máximo de las mismas será de 12.000 euros para los unifamiliares y 8.000 euros por vivienda en edificios, con una limitación general del 40% de la inversión y del 75% en casos especiales.
Las ayudas destinadas al fomento de la conservación y mejora de la accesibilidad también traen novedades. La primera de ellas es que se extienden a viviendas unifamiliares y viviendas de forma individualizadas dentro de un bloque. Además, se incrementa el importe de la ayuda hasta los 2.000 euros por vivienda en el caso de que las intervenciones estén relacionados con la conservación y hasta los 6.000 si se centran en la accesibilidad o la conservación y la accesibilidad.
También aumenta el importe de la contribución económica a las actuaciones de rehabilitación y renovación de edificios, llegando a los 12.000 euros por vivienda en el primer caso y a los 1.000 euros para la mejora de los equipos técnicos.
Por último, existe otra línea estratégicas del borrador presentado por el Ministerio de Fomento encaminada a la construcción de un parque de pisos destinados a alquiler. Para ello, se contemplan ayudas a los promotores de este tipo de viviendas, tanto si se trata de organismos públicos como de empresas privadas.
El documento presentado el pasado jueves, 4 de mayo, es solo un borrador del Plan de Vivienda 2018-2021, pero deja claro cuáles serán las líneas estratégicas. Hasta el 30 de mayo, las comunidades autónomas, agentes sociales, asociaciones y profesionales del sector pueden presentar sus observaciones. Tras su estudio, el Ministerio de Fomento elaborará el documento definitivo que entrará en vigor a comienzos del próximo año.
